El pasado 9 de abril, el Pleno del Congreso de España aprobó la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de entre 400.000 y 470.000 extranjeros que ya residen en nuestro país. Esta propuesta ha recibido un amplio respaldo social, contando con el apoyo de más de 700.000 personas y 900 organizaciones, entre las cuales se encuentran numerosas ONG de la Iglesia Católica. Si el nuevo proyecto de ley de regularización avanza, se hará en consonancia con las nuevas directivas europeas en materia de inmigración.

El Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, constituye la base de una política común en esta materia, guiada por un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros y cooperación con terceros países. Este pacto se fundamenta en una gestión adecuada de los flujos migratorios, beneficiando no sólo a los países de acogida, sino también a los países de origen y a los propios migrantes. 

Un elevado número de las personas que reciben ayuda y atendemos semanalmente desde nuestra asociación, Apostolado de la Divina Misericordia de Valencia, son inmigrantes. La regularización de los cerca de 500.000 inmigrantes irregulares que llegaron a nuestro país, antes de noviembre de 2021, la consideramos una respuesta sensata. Creemos que esta regularización es crucial para poner fin a la vulneración de los derechos fundamentales de estos migrantes y, estamos seguros y convencidos de que la entrada en vigor de este proyecto de ley, eliminaría las barreras que les impiden acceder a un empleo digno, vivienda, salud, educación... y contribuir económica y fiscalmente a la sociedad a través de sus contratos y de las cuotas de la seguridad social.

Es fundamental aprovechar esta oportunidad histórica para culminar este proceso mediante la aprobación de una regularización que otorgue una autorización de residencia y un marco de derechos y deberes a estas personas. Implementar una política justa, efectiva y coherente para enfrentar los retos y oportunidades de la migración es imperativo. Esta acción no sólo responde a una necesidad social, sino que también reafirma el compromiso de España con los derechos humanos y con la justicia social.

Los inmigrantes deben ser reconocidos como personas con deberes y derechos, y es responsabilidad de las autoridades responder a sus necesidades con equidad y compasión. Esta iniciativa no sólo beneficiará a los migrantes, sino que fortalecerá la cohesión social y el desarrollo económico del país, demostrando que una política migratoria bien gestionada puede ser una oportunidad para todos.

Pedro Miret Giner, sacerdote